Bolivia: Regla de Caso Inconsulto
Pese a la flamante Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a la incorporación al ordenamiento boliviano de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pese a la política resueltamente descolonizadora a la que responden esa plurinacionalidad y este iusinternacionalismo, las comunidades indígenas siguen viéndose invadidas en Bolivia por industrias extractivas como si no hubiera solución de continuidad con el colonialismo republicano. Empresas incluso públicas como YPFB se permiten desconocer la presencia indígena. Sirven de punta de lanza para las privadas como REPSOL. Véase la carta dolida desde Itika Guasu al Presidente de Bolivia. No es la primera vez que intentan la comunicación con el Gobierno, pero vienen recibiendo la callada por respuesta. En la Bolivia de hoy, con Constitución, Declaración y descolonización, este caso puede que represente la regla más que la excepción.
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Es sintomático lo de Bolivia. A ello se suma la reciente renuncia del viceministro y el director de medio ambiente, que se negaron a firmar una licencia ambiental para una carretera que destruirá el Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure. Una carretera que tiene por detras poderosos intereses asociados a las plantaciones de coca.
Lo del gobierno boliviano no es el único caso de doble discurso. Se suma la desafiante demagogia de Correa en Ecuador, y la avasalladora política de concesiones en la Amazonia de Venezuela.
Coincidentemente tres paises con normas constitucionales de derechos territoriales indigenas, consulta etc. Normas que no se cumplen, y se imponen las políticas extractivistas sin miramientos, y se acallan las criticas.
Ver:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010072601
En efecto, Víctor, la noticia me llega al tiempo que tu comentario:
Intentaron obligarles a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos
Renuncian el Viceministro y el Director de Medioambiente
El viceministro de Medioambiente Juan Pablo Ramos y el director de Medioambiente Yuri Beltrán presentaron renuncia irrevocable a sus cargos el viernes de la semana pasada [23 de julio], luego de que autoridades de gobierno intentaron obligarles a firmar una licencia ambiental para la construcción de una carretera en el Chapare de Cochabamba.
Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretende construir el gobierno por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure creado por Decreto Ley 07401 de 22 de noviembre de 1965, y que adquirió la
categoría “Territorio Indígena y Parque Nacional” por Decreto Supremo 22610 en septiembre de 1990.
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS) ha sido reconocido por el Estado como un asentamiento ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, en el que se ha demarcado una
“línea roja” para evitar nuevas intervenciones y asentamientos humanos.
Sin embargo, contrariando las disposiciones proteccionistas en vigencia, los productores de coca del trópico cochabambino invaden paulatinamente el TIPNIS y ahora el gobierno de Evo Morales pretende
construir una carretera que atraviesa el corazón de ese territorio indígena.
En 2007 el área colonizada del TIPNIS alcanzó a 101 mil hectáreas,
habitadas por 14 comunidades indígenas y 67 sindicatos cocaleros que
se dedican a talar bosques para convertirlos en áreas de cultivo de
coca.
En repetidas oportunidades, Ramos y Beltrán se negaron a firmar la
licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos
porque la construcción de esa vía desintegraría el territorio indígena
y el Área Protegida.
En efecto, los casos país señalados por Víctor llaman a una reflexión de fondo y de largo plazo. No se trata de países con gobiernos de derecha, como el peruano, sino de gobiernos que presumen ser de izquierda (Ecuador, Venezuela) y de corte indígena (Bolivia).
Muestran, por un lado, que los derechos encarnan en la medida que los sujetos los ejercen. Su reconocimiento dentro de tratados, declaraciones, constituciones y leyes es tan solo un primer paso necesario. Viene luego la judicialización de los derechos (aunque la vigencia de los derechos no debiera depender de ello), pero el litigio internacional es fundamental. Pero sobre todo, es el ejercicio real de los derechos por parte de los pueblos indígenas lo que puede mover hacia adelante la situación existente.
Por otro lado, los países mencionados muestran los límites de la estrategia actual de confinar la vigencia de los derechos indígenas a una defensa del deber estatal de consulta. Siendo un importantísimo estándar, casi totalmente incumplido en la práctica real, que ya ha sido objeto de apropiación por parte de los pueblos indígenas quienes lo conocen muy bien tanto como al Convenio 169, me pregunto si no es momento de que los propios pueblos también se apropien -en la misma medida- del principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales” el cual es una dimensión del derecho de los pueblos a la libre autodeterminación.
El objeto de ello sería pasar de una postura defensiva de exigir respeto a ser consultados, a una iniciativa estratégica de construir formas efectivas de ejercer la libre autodeterminación y en particular dicha soberanía permanente.
Sin duda, son temas harto problemáticos, sensibles y polémicos, pero quizás sean prometedores a largo plazo.
Olvidé remarcar, que al referirme a la necesidad de que los pueblos indígenas “se apropien” del principio de soberanía permanente, me refiero simplemente al hecho de que lo reconozcan, asuman y reinvindiquen como un principio enunciado como parte del derecho internacional de los pueblos.
Por supuesto, en la sustancia, en la vida cotidiana, en su derecho consuetudinario, los pueblos indígenas ya han ejercido de manera ancestral su libre autodeterminación y el ángulo “económico-socia” de ella, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales.
El Equipo Nizkor ha realizado una recopilación de urgencia sobre el giro inconstitucional en política energética del gobierno boliviano:
http://clavero.derechosindigenas.org/docs/Nizkor-Bolivia-Consulta.htm