¿Por qué no se Investiga de una Vez y a Fondo la Masacre de Bagua?
SERVINDI-Servicios en Comunicación Intercultural (http://www.servindi.org) transmite desde Perú la noticia de la denuncia recién presentada por la Fiscal Adjunta Titular de Chachapoyas, Luz Rojas, ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba contra dos generales, el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano, y el Comando Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza, y quince efectivos de la Policía Nacional por imputación de delito de homicidio calificado en agravio dado el uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance en los sucesos de Bagua de los pasados 5 y 6 de junio. Es un paso que despierta expectativa puesto que se enfrenta al negacionismo del Gobierno sobre acto ninguno indebido de la policía y a su manipulación de la justicia para evitar que se admitan a trámite este tipo de denuncias.
¿Por qué no se Investiga
de una Vez y a Fondo la Masacre de Bagua?
Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
SERVINDI-Servicios en Comunicación Intercultural (http://www.servindi.org) transmite desde Perú la noticia de la denuncia recién presentada por la Fiscal Adjunta Titular de Chachapoyas, Luz Rojas, ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba contra dos generales, el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano, y el Comando Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza, y quince efectivos de la Policía Nacional por imputación de delito de homicidio calificado en agravio dado el uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance en los sucesos de Bagua de los pasados 5 y 6 de junio. Es un paso que despierta expectativa puesto que se enfrenta al negacionismo del Gobierno sobre acto ninguno indebido de la policía y a su manipulación de la justicia para evitar que se admitan a trámite este tipo de denuncias.
El escenario oficial con el que esta denuncia contrasta es el del más cerrado negacionismo y la más resuelta manipulación desde el momento mismo en el que ocurrieron los hechos y hasta el día de hoy, dos meses bien largos más tarde. Si alguna voluntad ha mostrado hasta ahora el Gobierno, es la de una absoluta falta de disposición para admitir ninguna investigación imparcial y suficiente. Está a estas alturas claro que nunca se esclarecerá satisfactoriamente lo sucedido pues la indagación a fondo pueden impedirla quienes, según todos los visos, tienen algo que ocultar. ¿Qué otra explicación puede tener el comportamiento mendaz, errático y obstruccionista del Gobierno peruano? ¿No hubiera en otro caso animado la constitución y el funcionamiento de una comisión de investigación dotada de medios suficientes y formada con representación indígena y participación internacional conforme recomienda el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas? Quienes están en la clave de lo ocurrido no pueden ni dejar de mentir ni permitir la búsqueda de la verdad. Tienen sus razones y cuentan con los poderes para hacerlo. No son, como puede verse por la acción de la Fiscalía de Chachapoyas, todo el Estado, pero controlan los resortes principales.
En vez de atender la recomendación del Relator Especial, invitado a una apresurada visita a Bagua por el propio Gobierno del Perú, éste tomó su informe como lo que no era ni podía ni quería ser y esto es como concluyente. Ya está dicho que proponía una comisión de investigación para la que no hay disposición alguna por parte gubernamental. Al tiempo, el Gobierno apoyó una intervención humanitaria de la Defensoría del Pueblo bajo las condiciones luego manifiestas de que no abriese indagaciones sobre atentados de los poderes públicos contra los derechos humanos, lo que significó la renuncia al ejercicio de su genuina función constitucional, y de que presentase sus averiguaciones sobre muertes, lesiones y detenciones como definitivas, lo que hizo pese a ser algo realmente aventurado en las circunstancias producidas por la propia masacre. El mismo Gobierno se encargó de fomentar la situación que hiciera improbable la franqueza o la comparencia ante la Defensoría de quienes tuvieran conocimiento de desapariciones o sospecha de muertes más allá de las reconocidas. A esto de la disuasión vino una política inmediata de persecución unilateral de indígenas partícipes en los sucesos de Bagua o dirigentes de organizaciones involucradas.
La política gubernamental de persecución policial y judicial tan sólo de indígenas fue paladina desde el primer momento. Es algo que acusan los propios informes promovidos por el Gobierno. Nadie se toma realmente en serio las declaraciones gubernamentales de que se había dispuesto también la investigación sobre el comportamiento en Bagua de la policía y de otras fuerzas públicas armadas, pues resulta además que el asunto no sólo político, sino incluso penal, no consiste en la identificación y procesamiento tan sólo ni principalmente de quienes, policías o militares, dispararon u ordenaron disparar, sino también de las autoridades civiles que, conforme a sus competencias constitucionales, decidieron el operativo con tales órdenes, lo que apunta al Presidente de la República ante todo.
He ahí donde se sitúa el obstruccionismo de quienes no aceptan la sugerencia de que se proceda a una investigación a fondo con dotación de medios y garantías de imparcialidad. Pretenden que se bastan la Fiscalía y la Justicia peruanas, pero, aparte de que no cuentan ni con bastante confianza ni con medios suficientes para penetrar en el mundo de las comunidades, el mismo ambiente de disuasión creado por la política de persecución compromete su trabajo. ¿Cómo van las comunidades o sus representantes a declarar ni, aún menos, a denunciar la existencia de desaparecidos o desaparacidas cuando, de no estar ya muertos en paradero desconocido, eso automáticamente provocaría su persecución policial como partícipes en los sucesos de Bagua? Este es el mensaje que oficialmente se transmite desde un primer momento y que se mantiene hasta hoy.
Que el Gobierno del Perú reclame confianza en la Justicia peruana resulta escandaloso a la luz de su propio comportamiento. Basta observar cómo la policía intenta manejar relaciones con la Fiscalía y la Justicia. Si, como ya ha ocurrido antes de la denuncia de ahora, la primera pone en duda que los indígenas de Bagua estuvieran armados, como pretendía y pretende el Gobierno, y la segunda no encuentra otros indicios suficientes para proceder contra indígenas acusados por la policía, ésta se encarga de buscar un juzgado lejos de Bagua, en Lima, más comprensivo con la política gubernamental. No valen principios de juzgado natural ni de debido proceso entre otras razones porque para el Gobierno no se trata de juzgar sino de amedrentar, de provocar la huida, la clandestinidad y el silenciamiento de testigos presenciales. Presentarse como testigo de cargo es exponerse a la detención por la policía. En los foros internacionales el Gobierno peruano insiste en que Perú es una democracia con la debida división de poderes, por lo que constituiría una ofensa a su poder judicial recurrir a una investigación internacional. Hay por supuesto quienes, por desinformación o también por complicidad, dan crédito. Baste leer los informes alternativos que acompañan las comparecencias internacionales del Perú para no llamarse a engaño.
Perú también repite en los foros internacionales la cantinela inverosímil de que los indígenas atacaron por incitación y con apoyo del exterior y de que la víctima de la agresión es así el propio Perú. Se ha llegado al despropósito de exigir para el Perú, no para las víctimas, reparaciones en su caso internacionales por el daño que se le habría causado con informaciones que sigue tachando de infundadas y tergiversadas. ¿A qué viene tanta sobreactuación? Es una manera de desviar la atención de todo lo que acreditan las informaciones independientes y los análisis solventes. Como hecho imputable al Gobierno, Bagua es grave por sí sólo, pero más grave resulta si se le sitúa en su contexto, en el contexto de las propias políticas del Gobierno peruano.
Bagua ha sido un desenlace sangriento de la resistencia indígena a las políticas de invasión empresarial de la Amazonía con impulso y respaldo incondicionales de parte del Gobierno, políticas que se habían intensificado en este último par de años con efectos palpables de hacer literalmente imposible la vida a comunidades enteras. El Presidente de la República teorizó esas políticas en términos paladinamente racistas de consideración de la presencia indígena como inutilidad y estorbo para el aprovechamiento de los recursos de la Amazonía. Se encendieron todas las alarmas que el Gobierno ya olímpicamente ignoró, ya hizo algún amago por amortiguar o, mejor dicho, por acallar. La responsabilidad gubernamental por los sucesos de Bagua se pone plenamente de relieve en este contexto de una política de signo, en el fondo, genocida.
Se dan en dicho contexto los dos elementos esenciales del crimen de genocidio para el derecho internacional: la intención de eliminar y el resultado de poner en serio riesgo la subsistencia de grupos étnicos. Ante esta grave acusación, se explica aún mejor la sobreactuación. En medios oficiales peruanos se viene repitiendo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales les ha eximido de dicha imputación, lo que el mismo ni puede hacer ni ha hecho. Lo peor del empecinamiento peruano no es ya el que rehuya con todo ello responsabilidades, sino que lo haga de modo que impide cualquier recapacitación. Si hay conclusiones, son la de que la amenaza de consumación del genocidio sigue cerniéndose sobre la Amazonía peruana y la de que los mecanismos de prevención internacional resultan buenos para poner en evidencia, pero deficientes para ponerse en práctica.
Tampoco parece que en Perú estén la Fiscalía en condiciones y la Justicia en disposición de conducir una indagación a fondo. Difícilmente la denuncia de la Fiscalía de Chachapoyas va a producir rectificación de unas políticas genocidas ni reparación por sus efectos, pero viene al menos a reclamar justicia frente a quienes parecen los más inmediatos responsables de la masacre de Bagua. Es también una llamada de atención sobre lo que queda y aún puede investigarse: la vertiente más grave de las responsabilidades políticas y penales de parte gubernamental.
Anexo:
Perú contra indígenas ayer en Ginebra
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Les recomiendo que lean el excelente análisis sobre los derechos de expresión de Alberto Pizango ahora tan debatidos con declaraciones gubernamentales a la prensa peruana.
http://cuestionesindigenasamazoniaperuana.blogspot.com/2009/08/pero-puede-hablar-o-no-puede-hablar.html
Nos acaba de llegar vía Twitter:
Mueven del cargo a Fiscal que hizo denuncia contra policías por los sucesos de Bagua
Por J.Francisco Canaza – Publicado el 13-08-2009
http://apuntesperuanos.com/2009/08/alerta-bagua-fiscal-denuncia/
La Fiscal de Utcubamba que el viernes hiciera la denuncia contra los generales de la Policía Nacional, tema que recogiéramos el lunes en este foro, ha sido retirada del caso al habérsele trasladado a Chachapoyas.
Otros hechos que ponen en riesgo la investigación se han presentado, como que el Procurador Oswaldo Arroyo esté pidiendo que los utcubambinos detenidos sean retirados de Amazonas y del dominio del Juez natural, aduciendo cuestiones de “seguridad”.
Sin comentarios….
Frente a la desmemoria no sólo internacional, es buen momento para repasar todo lo concerniente a la primera presidencia de Alan García (1985-1990) que se puso de manifiesto por la Comisión de Verdad y Reconciliación formada bajo la presidencia de Alejandro Toledo y cuyo informe se publicó en agosto de 2003. Se encontrarán noticias no sólo de masacres impunes por decisiones gubernamentales, sino también de algún sonado caso de remoción fulminante de algún juez por decisión personal de Alan García precisamente por acometer en serio la investigación de hechos de sangre no cometidos ni por Sender Luminoso ni por el MRTA. La Comisión no tuvo facultades ni para incoar acciones ni para requerir reparaciones, pero las responsabilidades de entonces resultan fácilmente inferibles, igual que las de hoy. ¿Será también igual la escandalosa impunidad nacional e internacional?
El informe y las actas de la Comisión pueden verse en http://www.cverdad.org.pe
Por otra parte, me sumo a la recomendación del primer comentario de Amazonas Indígena, la del artículo de Morgan Agustí sobre los derechos en situación de asilo. El gobierno peruano quiere silenciar al presidente de la Aidesep en su exilio de Nicaragua y a la vicepresidenta de la Aidesep en su visita a Ginebra (ver anexo de esta misma entrada).
Hace unos días estuve viendo un videoclip sobre la defensa del ministro de justicia peruano -ante la ONU-.
Ver la cara dura, la desfachatez de este personaje diciendo que, efectivamente, el relator de la ONU les da la razón -ciertamente, el relator en su informe dejó una redija, mínima, pero rendija, que el gobierno peruano ha aprovechado manipulando todo el contenido del informe-.
Lamentar el “traslado” de la Titular de la Fiscalía Chachapoyas, que ha visto “premiado” su trabajo a otro lugar y como Fiscal Adjunta, siéndole rebajado, por tanto, su nivel profesional.
Y lamentar todavía más escuchar al Presidente de la Junta de Fiscales que lleva el caso, decir que los poderes del Estado peruano están bien delimitados y que nadie se entremete en su labor, cuando la fiscal Luz Rojas, ya había sido removida de su puesto y rebajada en el escalafón.
Maniobran para callar a fiscales del “Baguazo”
Fiscal de la Nación se reunió en secreto con los fiscales que investigan la matanza en Bagua.
Fueron citados a la reunión el presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista Carranza; el Fiscal Superior Mixto de Utcubamba, José Loayza Ventura, y la Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas, Luz Marleny Rojas Méndez.
Oswaldo Bautista Carranza fue el encargado de exponer en la reunión de ayer el resultado de las investigaciones preliminares de los hechos.
Señaló que los nativos no portaban armas de fuego durante la protesta en el sector conocido como la “Curva del Diablo”.
Además, reveló que los fiscales no pudieron estar en el momento de los acontecimientos porque no contaron con el traslado oportuno en un helicóptero de la policía.
Bautista Carranza, en su calidad de fiscal decano, ha respaldado la denuncia efectuada por Rojas, la cual fue cuestionada por haberse hecho en el límite del ejercicio de su cargo como fiscal en Utcubamba.
Denuncia penal
Rojas Méndez fue la magistrada que denunció el pasado 7 de agosto a los miembros del comando policial que tuvieron el comando de las operaciones de desalojo en Bagua y el desarrollo de las acciones, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en contra de nativos y civiles de la zona.
Entre los denunciados están el general de la policía Luis Muguruza Delgado, jefe operativo que llegó a Bagua para dirigir la operación de desalojo de la “Curva del Diablo”, así como el general de la policía Javier Uribe Altamirano, director de la IV División Territorial, además de dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente.
En su denuncia, la fiscal Rojas señala que la acción policial fue desproporcionada y plantea que los policías están obligados a respetar los derechos humanos de todas las personas y “el uso de la fuerza debe ser excepcional, en medida razonable”.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=44167
Otra vuelta de tuerca más.
Luego de la inusual convocatoria de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, a los fiscales de Amazonas, entre quienes estaba la doctora Luz Rojas, ésta rompió ayer su silencio y declaró que tenía temor por su vida y la de su familia, no sólo por las amenazantes palabras que vertió su superior jerárquico, sino por las constantes llamadas anónimas que ha recibido desde que inició la investigación sobre la muerte de civiles en Bagua el pasado 5 de junio.
Según Rojas, la fiscal Echaíz cuestionó la referida denuncia y la amenazó con destituirla e iniciarle un proceso en el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, al considerar que había perjudicado la imagen de la Fiscalía y de la Policía Nacional.
“Temo por mi vida, temo por mi familia. Estas amenazas son constantes, incluso la señora fiscal llegó a decirme que hay muchos fiscales que no se han adecuado a la ley y el orden y ahora están en las cárceles o han sido separados”, afirmó Rojas.
“Esta es la primera vez que me hacen un llamado extraordinario (en la sede principal del Ministerio Público) para hacerme sentir amenazada. Dijo (Echaíz) que por haber hecho esa denuncia, yo voy a ser relevada de mis funciones, voy a pasar al Órgano de Control Interno y ya sabemos que el Órgano de Control Interno esta predispuesto no sólo para procesarme, sino también para sancionarme”, enfatizó.
Ha recibido constantes llamadas a su celular que contienen amenazas de muerte. “A las pruebas me remito, cada llamada desconocida a mi celular es una llamada de amenaza de muerte. Y todo a partir de la investigación sobre estos hechos”.
La fiscal afirmó que a pesar de todo esto se ratifica en la investigación que realizó y en la denuncia que formalizó. “Todos los peruanos somos iguales ante la ley, ya que estamos en un Estado democrático. Yo creo que está dentro de mis funciones formalizar la denuncia correspondiente. Me ratifico en lo que he hecho”, manifestó.
Sin embargo, añadió, no cree que pueda seguir cumpliendo con su función fiscal a cabalidad, porque “hay presión” y “temo por mi vida, temo por mi familia”, insistió.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=44215
Si se repasan los artículos de la Constitución del Perú 154, sobre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, y 159, sobre los cometidos del Ministerio Fiscal, no se entiende cómo el primero, el Consejo, no abre expediente sobre la escandalosa interferencia de la Fiscal de la Nación en la indagación y denuncia de actuaciones de los poderes públicos durante los sucesos de Bagua. De seguir esta tónica, lo que se pondrá en evidencia es la extensión de la connivencia política con el gobierno actual entre las altas instancias judiciales y fiscales. Las instancias internacionales que, como ha ocurrido en el caso, se dirigen ingenuamente a la fiscalía y a la justicia de Estados como el Perú para que investiguen y enjuicien atentados contra los derechos humanos por parte de los poderes públicos deberían seguir con atención las noticias sobre el caso Bagua que viene publicando el diario La Primera (http://www.diariolaprimeraperu.com/online) y que nos están siendo diligentemente transmitidas por Amazonas Indígena.
Entender sí se entiende si se tiene en cuenta -espero que no me falle la memoria-, creo que en una nota de la Agencia Pulsar que publiqué en mi blog, la denuncia no era sólo contra los mandos militares y policiales, sino contra la ex ministra de interior, el ex presidente del cosejo de ministros y el propio Alan García.
Voy a buscarla en las notas de la Agencia Púlsar y pongo aquí el enlace.
Pues no, estaba equivocada, quien pide que se juzgue a los autores intelectuales de la masacre de Bagua es el Movimiento Cumbre de los Pueblos de Perú
La “Maquinaria” trabaja contra la fiscal Rojas:
Con una investigación preliminar “de oficio” por presunta usurpación de funciones, abierta en Amazonas contra la fiscal Marleny Rojas, empiezan a cumplirse las amenazas de la titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz, contra la referida fiscal por el simple hecho de haber denunciado penalmente a oficiales de la Policía Nacional que dirigieron la desastrosa operación de control de las protestas de nativos amazónicos, ocurrida el 5 de junio en Bagua, y que dejaron un saldo de al menos 34 muertos, entre civiles y policías.
http://tinyurl.com/nd7zqs
Un llamamiento para bombardear a los ‘salvajes’ con napalm gana el galardón de Survival al racismo
La organización de derechos humanos Survival International ha otorgado el premio al artículo más racista publicado en un medio de comunicación prioritario el año pasado a una noticia que insinúa que los indígenas peruanos deberían de ser bombardeados con napalm.
http://www.survival.es/noticias/4901
Desgraciadamente tengo que ponerles al tanto continuamente de las infaustas novedades.
¿Masacre impune? Fiscal de la Nación desvirtúa denuncia contra Generales PNP
En unas sorprendentes declaraciones, la Fiscal de la Nación Gladys Echaiz descarta la idoneidad de la denuncia iniciada por la Fiscal Luz Rojas Mendez contra los Generales de la Policía Nacional responsables de la matanza de Bagua.
http://apuntesperuanos.com/2009/08/bagua-masacre-impune/
Echaíz: Fiscal Luz Rojas pretende aparecer como víctima cuando incurrió en inconducta al denunciar irregularmente ‘Baguazo’
“La investigación, de cuyo estado no conocía cuando dicte la resolución dejando sin efecto el nombramiento de la doctora (Luz Rojas), tiene que continuar y tenemos que tratar de fortalecerla y complementarla con lo que falta, lógico que con el apremio que hoy se nos presenta, dada la actitud funcional de una fiscal que en busca de no se qué, se aligeró a una denuncia de un caso que ella no llevaba. No comprendemos por qué ahora pretende aparecer como víctima cuando ha cometido un tremendo acto de inconducta funcional”, sostuvo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
http://tinyurl.com/npgf2q http://tinyurl.com/n96ngu
Revista peruana y empresa de internet comparan al mestizo, hijo de indigenas con un criollo, con una mula
http://img405.yfrog.com/img405/8250/001bsh.jpg
Carmen Arauco, Jueza del 37º Juzgado Penal de Lima, que no es el jugado natural de la masacre de Bagua, acaba de formalizar hace un par de días la orden a la Interpol para la localización formal de los representantes indígenas Alberto Pizango, Marcial Mudarra Taki, Teresita Irene Antazú López y los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña a fin de procederse a la solicitud de extradición. Javier Villa Stein, Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ha declarado que los delitos de los que se les acusa (contra la paz pública, apología de la sedición y motín) no pueden ser base para la extradición ni por derecho peruano ni por derecho internacional. El mismo Villa Stein ha acusado presiones del gobierno sobre la justicia en este asunto, las presiones que también están impidiendo que se abra proceso contra responsables policiales de la masacre. De las responsabilidades políticas igualmente penales no se habla. Contradictoriamente, Villa Stein asegura que Pizango puede volver de su exilio en Nicaragua con la confianza de que la justicia en Perú es independiente y será imparcial. Pizango había manifestado desde Nicaragua que está dispuesto a regresar si le garantiza un juicio con garantías, comenzando por la de cambiar la orden de detención por la de comparecencia. Villa Stein replica que esto es poner condiciones a la justicia, lo que atenta contra su independencia y parcialidad. Javier Velásquez Quesquén, Presidente del Gobierno, secunda al Presidente del Poder Judicial mostrándose indignado por los requerimientos del exiliado. José Antonio García Belaunde, Canciller, garantiza a Pizango que tendrá un juicio justo, como si a él le cupiera. El propio y mismísimo Presidente del Poder Judicial, Villa Stein, agrega que “si bien un procesado no puede poner condiciones, este es un tema que puede administrarse de manera menos convencional”, sin el rigor del derecho. Sería todo esto un sainete o, como diría Valle Inclán, un esperpento si de lo que se estuviera tratando no fuera de la vida y de los derechos de indígenas en el exilio y en la Amazonía.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, es una astracanada que debería avergonzar, por lo menos, a parte de los de los políticos y de la judicatura que se jactan de demócratas en un estado de derecho.
¿ O están esperando que se repita la historia ?, esta vez como farsa, de la cita erróneamente atribuida a Brecht, de Martin Niemoeller “Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”
A mi hay algo que me tiene mosca, y es que leí que va a ser el gobierno quien nombre los miembros de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en Bagua, a excepción de dos que han propuesto -que no nombrado- las comunidades indígenas: la ex ministra del Interior Pilar Mazzeti y el psicoanalista Jorge Bruce.
Y digo yo, si escuché al fiscal jefe precisas que “los cinco indígenas” a los que se le había hecho la prueba para comprobar si habían disparado armas de fuego, aclaró dos o tres veces que esos cinco no, dando a entender que esos cinco no, pero que otros podría ser que sí.
Entonces, si la justicia está más que presionada, manipulada, qué puede esperarse de una comisión propuestas tanto por el ejecutivo como con los pueblos amazónicos. Sinceramente, pienso que dado que no existen garantías de una investigación objetiva, lo mejor sería que lo ocurrido en Bagua, que pienso que todos y todas tenemos meridianamente claro, fuese investigado y juzgado por la Corte Penal Internacional; es decir, un organismo externo e independiente.
RBlanco (Sofi)
A ver Clarissa, el portal que menciona, si yo entiendo bien, no dice nada en detrimento del mestizo, muy al contrario:
“El portal lleva el nombre de este animal de carga en representación del peruano mestizo, trabajador y capaz de superar las adversidades. [...] como logo una bandera pirata que simboliza la libertad en medio de épocas complejas y represivas.”
Luego añade que la mula y la bandera representan “un proyecto democrático, abierto a la pluralidad.”,
Sofi
Medio entre Sofi y Clarissa. La figura de la mula no tendría por qué ser en sí racista, pero detecto racismo en el estereotipo de que el peruano es el mestizo y que el mestizo es el trabajador y el capaz como una mula. Porque sea un racismo popular que hasta se predica democrático, no deja de ser racismo y más en el contexto peruano. La cara oculta de la misma moneda es que los individuos indígenas ni son peruanos ni son trabajadores ni son capaces, ya no digamos las comunidades y los pueblos.
Pues tanto Clarissa como Ud., tienen razón, creo que me he quedado en la superficie del mensaje y no he ido a su fondo.
Es un placer, poder debatir, comentar, opinar en un lugar en el que, además, se aprende -y mucho-.
Gracias a ambos
Sofi