GENOCIDIOS COTIDIANOS. I. ¿Hay Genocidios Pequeños? El Caso Charco La Pava
Por numerosas latitudes de América Latina están emprendiéndose durante los últimos años proyectos corporativos y públicos en una medida, de una magnitud y con un ritmo realmente sin precedentes. Buena parte atraviesa o invade territorios indígenas sin tener en cuenta la existencia de gente por medio o, en otro caso, intentándose acuerdos compensatorios sobre hechos en trance de consumación, sin contarse nunca con el consentimiento previo. En aras ahora de un desarrollo que comienza por atropellar derechos, comunidades indígenas están siendo hostigadas, desplazadas, privadas de sus medios de subsistencia, … esto es en suma, como dice la Convención de Naciones Unidas sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, reducidas a un estado de “sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. ¿Está América sembrándose de pequeños genocidios?
Genocidios Cotidianos.
I. ¿Hay Genocidios Pequeños?
El Caso Charco La Pava
Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Por numerosas latitudes de América Latina están emprendiéndose durante los últimos años proyectos corporativos con respaldo político o partipación pública en una medida, de una magnitud y con un ritmo realmente sin precedentes. Van desde obras de comunicaciones hasta empresas de extracciones. Buena parte de estas actividades atraviesa o invade territorios indígenas, o les afecta negativamente de algún modo, sin tener en cuenta la existencia de gente por medio o en otro caso, sobre todo cuando se trata de comunidades pequeñas, intentándose acuerdos compensatorios sobre hechos en trance de consumación, sin contarse nunca con el consentimiento previo. En aras ahora de un desarrollo que comienza por atropellar derechos, comunidades indígenas están siendo hostigadas, desplazadas, privadas de sus medios de subsistencia, … esto es en suma, como dice la Convención de Naciones Unidas sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, reducidas a un estado de “sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. ¿Está América sembrándose de pequeños genocidios?
Veamos un caso significativo como lo son todos los casos. A mediados de 2007 el Gobierno de Panamá procede a conceder a la empresa AES-Panamá, filial de AES-Corporation, un área de más de seis mil hectáreas dentro de una zona protegida, la del Bosque Protector de Palo Seco, en la Reserva de la Biosfera La Amistad, para la construcción de represas hidroeléctricas a lo largo del cauce del río Teribe-Changuinola. Ahí viven comunidades indígenas, detalle que la concesión olímpicamente ignora. Es zona limítrofe de la Comarca Ngöbe-Buglé, comarca autónoma reconocida por Panamá en 1997, y realmente parte del mismo territorio indígena, pero que no fuera incluida por ser área protegida debido a la riqueza de su biodiversidad. Ahora parte se concede a dicha empresa sustrayéndose de las comunidades. Avanzado el año 2007, AES-Changuinola, nueva filial ad hoc, emprende las obras de una de las represas dejando clara su determinación de despejar la zona de indígenas. La Policía Nacional se pone a su servicio acosando a la Comunidad Charco La Pava para que evacue. La misma se resiste y el acoso se recrudece. La empresa aprovecha la maquinaria pesada y el uso de explosivos para aterrorizar a la comunidad destruyendo plantaciones y viviendas. Y la acción coadyuvante de la Policía del Estado no ha cejado.
Ya desde finales de 2007, el caso produce una cierta movilización. Algunas organizaciones, como La Alianza para la Conservación y el Desarrollo, la Asociación Ecologista Panameña y la Asociación de Derecho Ambiental, comienzan a dar la voz de alarma. La protesta ambientalista concurre con la reivindicadora de derechos indígenas. Fue el inicio de una onda expansiva de círculos que se iban ensanchando. La alarma alcanza a Naciones Unidas. Desde principios de abril de 2008, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen a la sazón, tomó cartas en el asunto emitiendo comunicados de preocupación y poniéndose directamente en contacto y diálogo con el Gobierno de Panamá. A finales de enero de 2009, el nuevo Relator Especial, James Anaya, rinde una visita a la Comunidad Charco La Pava, que le hace entrega de un relato por escrito de los padecimientos que se le vienen infligiendo para que abandonen el territorio y renuncien a sus recursos. En Ciudad de Panamá el Relator celebra una reunión con la CONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) en la que se le transmite que la situación de la Comunidad Charco La Pava no constituye un caso excepcional dentro de Panamá.
A mediados de mayo, el Relator Especial publica su informe. Y efectúa sus recomendaciones, las cuales se cifran en la de “que es necesaria una reevaluación del proyecto y la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación”, medidas que podrían iniciarse con la suspensión de las obras: “El Relator Especial recomienda que el Estado evalúe la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa”. No descarta el Relator que, según abiertamente pretenden tanto el Estado como la empresa, la Comunidad acabe siendo desplazada a un nuevo asentamiento, pues la reanudación de las obras acabaría implicando la inundación de su territorio, pero insiste en que a ello sólo puede llegarse mediante la consulta y con el consentimiento de la parte indígena. El Gobierno de Panamá respondió a los pocos días rechazando las recomendaciones.
Las comunidades del pueblo ngöbe Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola, todas rivereñas del Changuinola y afectadas por la construcción de la presa, habían traído ya el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, hace pocas semanas, a mediados de junio, emite medidas cautelares a favor de las mismas “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe”. La suspensión de las obras ya es una mera sugerencia, sino algo más cercano a un mandato: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto”. El caso va a trasladarse por tanto a manos de jueces, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay urgencia pues el Gobierno de Panamá se ha apresurado nuevamente a rechazar la indicación. Y la empresa acelera. Las medidas cautelares proceden “en caso de gravedad y urgencia” (Reglamento de la Comisión, art. 25).
AES-Corporation, la matriz de AES-Panamá y AES-Changuinola, despliega más cosas que sus actividades económicas, como un sitio en la red por ejemplo (http://aes.com). Ahí pueden por supuesto encontrarse noticias sobre las filiales panameñas. Atiéndase a lo que se nos notifica: “AES-Panamá se atiene a la responsabilidad social hacia las comunidades vecinas de sus instalaciones. Se ocupa de proveerles de tendido eléctrico y suministro de agua potable, mejorando notablemente la calidad de vida de las comunidades indígenas. AES-Panamá ha lanzado el Proyecto de Historia de las Leyendas y Tradiciones Emberá-Wounaan, haciéndose cargo del folklore vivo de esta tribu indígena. Los antiguos relatos indígenas potencian muchos de los valores primordiales de la empresa AES, como los sean la importancia de la integridad y el cuidado por el medio ambiente”. Sobre AES-Changuinola se nos hace saber que conduce un Programa de Reasentamiento Participativo con la satisfacción y el contento tanto de las comunidades indígenas como de las instituciones panameñas: “AES ha cooperado y continuará cooperando estrechamente con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para mantenerlos informados sobre los avances en el Programa de Reasentamiento”.”.
Decir en este contexto reasentamiento participativo es como decir expolio consentido a la fuerza o asesinato por suicidio. He aquí el oxímoron con el que puede aparentarse cumplimiento de la recomendación del Relator. ¿Quién iba a decir que bajo ese género tan redicho de literatura empresarial se encierra el intento de cometer algún que otro pequeño genocidio, genocidios al cabo? Por supuesto que no todo genocidio es un megagenocidio, genocidio de más de diez millones de seres humanos como los más cercanos de Bélgica por la cuenca del Congo hace cosa de un siglo y de la Alemania nazi por Europa hace menos, pero nadie ha dicho que a cometer genocidio se llegue por redondearse algún número elevado de muertes. No hace falta que el proyecto sea megaproyecto. La Convención sobre el Genocidio habla de grupo nacional, étnico, racial o religioso, no de megagrupos, y de destrucción total o parcial del grupo en cuanto tal, no de la eliminación de todas y todos, de cada uno y cada una de los miembros del grupo hasta el hallazgo del último de los cadáveres por Panamá o por el Perú, por Chile o por Colombia. Las respectivas élites políticas andan ansiosas de desarrollo. ¿Es que no cabe sin atropello de derechos y sin genocidio de indígenas?
Habla también la Convención de la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo, de esta simple intención. La Corte Internacional de Justicia requiere que haya intencionalidad específicamente exterminadora, pero esto no lo dice la Convención. Hay intención en la negativa a cumplir unas medidas cautelares de gravedad y urgencia cuando éstas revelan la constancia de que unas políticas ponen en peligro la subsistencia de unas comunidades en cuanto tales. Naturalmente que ni Panamá ni Perú, ni Chile ni Colombia, quieren extinguir a grupos indígenas, sino que su intento es tan sólo el de privarles de territorio y recursos, pero el genocidio sucede ante sus ojos con conocimiento tanto de causa como de efectos y, por tanto, con intención bien acreditada.
Anexos:
Informe sobre la visita del Relator Especial
Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana
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Considero que este tema es muy delicado y merece más investigación puesto que el famoso reporte del relator de la ONU es errado e incompleto. Hay que considerar que el progreso del area esta en juego y esto merece que busquemos la mejor solucion al problema, si es que la hay
Que tal. Como indigena y residente del area que soy siento que es mi deber opinar al respecto. Luego de leer y analizar toda esta y mucha más información que hay disponible en los medios de comunicación y en la web al respecto, me parece que lo más correcto es analizar y debatir todo esto que está ocurriendo en el área y toda esta información y luego de analizarla y debatirla tratar de llegar a una conclusión que sea beneficiosa para todos, especialmente para las comunidades que viven en el área que son las más afectadas en todo esto…
Respondiendo a Ulises y Elias: lo que recomendó el Relator a Panamá fue eso: iniciar un proceso de consulta, de acuerdo a las normas internacionales que obligan a Panamá. Igual como en Perú, el incumplimiento de la consulta previa y la negación del derecho al consentimiento de las comunidades, está en el origen de la escalada de los conflictos.
Es inaceptable el proceder de las empresas como AES y de los gobiernos que les apoyan, en que primero envian los bulldozer y a la policia, y después hablan de “responsabilidad social” y diálogo sobre hechos consumados.
AES tiene un prontuario de atropellos ambientales y sociales y tráfico de influencias en toda América Latina. Lo de Changuinola es solo una muestra de la conducta de estas corporaciones transnacionales.
El caso de las empresas transnacionales fue uno de los temas de la reciente sesión del Foro Permanante. Tal vez el profesor Clavero pueda profundizar al respecto.
Sobre AES y su “responsabilidad social” algunas noticias:
Gobierno de República Dominicana sanciona a AES por contaminación
Chile: Corte Suprema rechaza proyecto de AES por ser dañino al medio ambiente
Chile: AES es acusada de actos de tráfico de influencias para obtener aprobación ambiental de proyecto hidroeléctrico
Chile. Comunidad de Los Robles rechaza proyecto de AES que destruirá su medio ambiente.
Como símbolo construyeron el ataud más grande del mundo ( postulan a premio Guiness)
La cuestión de la vinculación de las empresas a derechos humanos es bastante peliaguda. En Naciones Unidas prevalece todavía la teoría y la práctica de entender que no hay tal vinculación, hasta el punto de que en su seno se ha puesto en marcha una iniciativa, el Global Compact o Pacto Mundial (http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish), que parte de dicho supuesto pretendiéndose que sólo se puede vincular con derechos humanos a las empresas mediante el desarrollo de códigos de conducta producidos y administrados por ellas mismas, como si el respeto de los derechos humanos pudiera confiarse a la buena voluntad de quienes cuentan con poder para arrasarlos e interés en hacerlo. Hay otras iniciativas en Naciones Unidas para el logro de una responsabilidad corporativa con los derechos humanos que no acaban de superar ese lastimoso planteamiento. No es otra en el fondo la postura del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo.
Lo que dice Naciones Unidas encierra pese a todo un sentido. Lo que no hay son mecanismos en ellas mismas para la rendición de responsabilidad de las empresas sobre el respeto a los derechos humanos mientras que existen en cambio para con los Estados. Por ser derechos, sólo por esto, los derechos valen frente a todos y todas, personas, instituciones, empresas y etcétera. Son sus titulares quienes tienen ante todo la facultad de hacerlos acatar para hacerse respetar. Es legítima la defensa propia de derechos, de forma directa si no hay mecanismos judiciales o de otro tipo que los amparen. Ni Naciones Unidas ni los Estados son nadie para decir que unos derechos humanos tienen protección y otros no dependiendo de quienes los ejerzan y de cara a quienes se ejerzan. Aplíquese a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos humanos según las propias Naciones Unidas, frente a empresas con códigos de conducta tan falaces y fraudulentos como el de AES.
Tengo entendido que Panamá, como país, siempre ha considerado siempre el derecho de los indígenas (creación de comarcas).
Con el nuevo gobierno se están analizando los detalles de ese proyecto AES en Panamá.
Han pasado ya 2 años y no se ha comprobado formalmente que se hayan quebrantado las leyes panameñas.
Sólo el diálogo permitirá que se alcance el balance.
Recuerdo el comentario de Rolando Restrepo ante el informe del Relator Anaya sobre el caso Charco la Pava: “Ahora que ya pasó la visita, ¿qué se sabe? Porque no van a detener una obra así no más”, o el que emitió cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hico cargo del asunto: “Ahora la CIDH admite cuanta cosa aparezca”. Así se entiende el comentario actual. Es la posición de imponer los hechos consumados con desprecio de los derechos atropellados. El diálogo sobre estas bases añade burla al atropello. Recientemente incidía Rolando Restrepo con la verdad a medias que resulta llana falsedad: “El diálogo es la principal recomendación que dio en su informe el señor de la ONU”. No. El señor de la ONU recomendaba principalmente el ejercicio de la consulta de buena fe para que pueda conducir al logro del consentimiento indígena sobre acciones, condiciones y reparaciones.
Por lo demás el mismo informe de Anaya valora la trayectoria panameña favorable a derechos indígenas que se está torciendo grave y esperemos que no irreversiblemente. Panamá es en efecto un Estado pionero en el reconocimiento constitucional de las culturas indígenas y en el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, bien que para lo primero previéndose por la propia Constitución que se le apliquen “métodos científicos de cambio cultural” y bien que para lo segundo no garantizándose constitucionalmente en ningún momento dichas autónomías indígenas, las autonomías de “comarcas” según terminología impuesta también por la Constitución. Por último o más bien por penúltimo, desconozco la base de la primicia sobre posición nueva del gobierno entrante. Sería bueno que la participara.
Lo último que quiero comentar es lo que se nos asegura de que las leyes panameñas permiten la expropiación de propiedad indígena y además sin siquiera, cuando menos, debido proceso y previa indemnización, lo que para el supuesto ha de significar procedimiento de consulta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que no hace falta tener ratificado el Convenio 169 para que el Estado haya de atenerse el procedimiento de consulta pues su requerimiento precisamente se basa en la propiedad indígena, una propiedad que no hace falta que esté reconocida por el Estado. Esto es derecho interamericano y por tanto, pues Panamá acepta la jurisdicción de la Corte, derecho panameño, “ley” en Panamá, ley de derechos humanos, esto que brilla por su ausencia en todas las intervenciones de Rolando Restrepo.
Mucho me temo que, cuando se trata de trasnacionales ni la ONU ni los gobiernos -que deberían garantizar los derechos humanos de todos, pero sobre todo de quienes están en inferioridad de condiciones-, están por la labor de defender derechos que no sean de los poderosos.
Están haciendo a las sociedades egoístas y, como tales, cada uno mira para sí y lo que le pasé a los demás es ajeno.
Hace unos días, leyendo los comentarios de un medio digital me llamó la atención un comentario: “No, si al final serán los parados los que nos den de comer a los trabajadores”.
Con mensajes de este tipo ¿qué importa lo que pueda pasarle a unos indígenas que viven en la otra parte del mundo? ¿o, qué importa si en África se mueren de hambre si son unos vagos?
Sin embargo hay una filosofía de vida que cada vez me “engancha” y me gusta más y es, precisamente, la filosofía de vida de los pueblos indígenas. Esos “salvajes” que nos están dando una enorme lección de unión, de defensa de la Pachamama; de defensa de todo aquello que vamos destruyendo las sociedades occidentales.
Le aseguro que si fuese joven, cogería simplemente mi ordenador -que no sé cómo podría funcionar-, unas prendas de ropa, un billete de avión y me plantaría allí donde los pueblos originarios son consecuentes con su historia, con sus tradiciones.
Un saludo
RBlanco
PD: Para el Sr. Restrepo decirle un proverbio indígena del que me he quedado con la parte final:
[...] Cuando ya no tengas nada, verás, que el dinero no se come.
Panameños: Todas nuestras riquezas estan en manos de los extranjeros y ustedes defienden a los extranjeros que se enriquecen de nuestros recursos..
No vayan a la escuela que el MEDUCA los adoctrina, como quien amaestra una mascota..
En las comarcas están las riquezas naturales y minerales, los gobiernos se lo dan a los extranjeros y dicen que es para nuestro desarrollo, pero vayan a ver las cuentas bancarias de esas multinacionales y cuantos millones ha quedado en el erario público. Investiguen las cosas y no se deben llevar por la propaganda engañosa y por la prensa amarilla y la televisoras que solo ofrecen novelas a nuestra sociedad panamaña..
Panama para los Panameños y los territorios indígenas es para los indígenas y los panameños, No para los extranjeros o las transnacionales….
El nuevo gobierno panameño ha comunicado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su rechazo de las medidas cautelares solicitando que se revoquen. Argumenta que el gobierno panameño siempre ha instado a la empresa AES a respetar los derechos humanos y que no tiene indicio alguno de que la empresa no esté haciendo honor a la instrucción. La Comisión Interamericana y la comunidad internacional tienen más que indicios, todos los suministrados por las comunidades indígenas afectadas.