La competición tiene una fase escrita previa y una fase final oral, presencial, en la que los equipos participantes presentan el caso (en representación del Estado denunciado o de la Comisión, en nombre del pueblo indígena como supuesta víctima de la violación).

La participación en la competencia es libre y completamente gratuita pero desgraciadamente la Universidad no dispone de recursos para cubrir los gastos de los equipos que eventualmente deseasen participar en la fase oral, el próximo 8 de junio.

Los equipos estarán formados por un máximo de cuatro integrantes, que pueden estar asesorados por un/a experto. La fase escrita acaba de abrirse (y consiste en el envío de un memoria escrito de un máximo de 3 páginas) y se cierra el 7 de junio próximo. En ésta su segunda edición el caso versa sobre el derecho de los pueblos indígenas a disponer de una jurisdicción propia.

Os animo a que consideréis participar en y de esta propuesta académica como una herramienta para mejorar el conocimiento sobre los instrumentos, prácticas e instituciones internacionales a disposición de los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de sus derechos.

Para cualquier aclaración podéis dirigiros a mi correo electrónico: pvega@us.es

Reglamento Moot Court

Caso Bregante vs Equinoccia

Entrevista en ERBOL (19-4-2012)

Amicus curiae sobre el concepto de víctima

Amicus curiae sobre honorarios forenses

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Respuestas al cuestionario del Mecanismo de Expertos (con enlaces a las recibidas al pie de la página)

Informes de Estados al Foro Permanente en 2012 (al pie de la página: enlaces a Documentos de los Gobiernos)

Endosar para no cumplir (S.R. Lightfoot; en inglés sobre Estados de la Angloesfera)

Alarma por la propiedad comunitaria indígena

Artículos del proyecto de reforma que afectan a pueblos indígenas:

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO 4
De los derechos y los bienes

ARTÍCULO 18.- Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras según se establece en el Libro Cuarto, Título V, de este Código. También tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.
LIBRO PRIMERO

De la parte general.

TÍTULO II
De la persona jurídica

CAPÍTULO I
Parte general

ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las mutuales;
f) las cooperativas;
g) el consorcio de propiedad horizontal;
h) las comunidades indígenas;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de funcionamiento.

LIBRO CUARTO
De los derechos reales

TÍTULO I
De las disposiciones generales

CAPÍTULO I
Principios comunes

ARTÍCULO 1887.- Enumeración. Son derechos reales en este Código:
a) el dominio;
b) el condominio;
c) la propiedad comunitaria indígena;
d) la propiedad horizontal;
e) los conjuntos inmobiliarios;
f) el tiempo compartido;
g) el cementerio privado;
h) la superficie;
i) el usufructo;
j) el uso;
k) la habitación;
l) la servidumbre;
m) la hipoteca;
n) la anticresis;
ñ) la prenda.

ARTÍCULO 1888.-  Derechos reales sobre cosa propia o ajena. Carga o gravamen real. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad comunitaria indígena, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido,  el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta  a favor del titular del bien gravado.

TÍTULO V
De la propiedad comunitaria indígena

ARTÍCULO 2028.- Concepto. La propiedad comunitaria indígena es el derecho real que recae sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de las comunidades indígenas.

ARTÍCULO 2029.- Titular. El titular de este derecho es la comunidad indígena registrada como persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad por algunos o muchos de sus integrantes no provoca la extinción de este derecho real, excepto que se produzca la extinción de la propia comunidad.

ARTÍCULO 2030.- Representación legal de la comunidad indígena. La comunidad indígena debe decidir su forma interna de convivencia y organización social, económica y cultural, y designar a sus representantes legales, quienes se encuentran legitimados para representarla conforme con sus estatutos. El sistema normativo interno debe sujetarse a los principios que establece la Constitución Nacional para las comunidades y sus tierras, la regulación sobre personas jurídicas y las disposiciones que establecen los organismos especializados de la administración nacional en asuntos indígenas.

ARTÍCULO 2031.- Modos de constitución. La propiedad comunitaria indígena puede ser constituida:
a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión inmemorial comunitaria;
b) por usucapión;
c) por actos entre vivos y tradición;
d) por disposición de última voluntad.
En todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral.
El trámite de inscripción es gratuito.

ARTÍCULO 2032.- Caracteres. La propiedad indígena es exclusiva y perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero. No puede formar parte del derecho sucesorio de los integrantes de la comunidad indígena y, constituida por donación, no está sujeta a causal alguna de revocación en perjuicio de la comunidad donataria.

ARTÍCULO 2033.- Facultades. La propiedad indígena confiere a su titular el uso, goce y disposición del bien. Puede ser gravada con derechos reales de disfrute siempre que no la vacíen de contenido y no impidan el desarrollo económico, social y cultural, como tampoco el goce del hábitat por parte de la comunidad conforme a sus usos y costumbres. Los miembros de la comunidad indígena están facultados para ejercer sus derechos pero deben habitar en el territorio, usarlo y gozarlo para su propia satisfacción de necesidades sin transferir la explotación a terceros.

ARTÍCULO 2034.- Prohibiciones. La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.

ARTÍCULO 2035.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Consulta. El aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado o de  particulares con incidencia en los hábitats indígenas está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas.

ARTÍCULO 2036.- Normas supletorias. En todo lo que no sea incompatible, se aplican subsidiariamente las disposiciones referidas al derecho real de dominio.

Informe IDL 2011

Consejo de los Pueblos de Occidente

Organizaciones de Huehuetenango

Todos somos Barillas

Comunicado del CPT

Por levantamiento del estado de sitio

Bolivia:
Inventario Constitucionalista
(entre Tribuna Constitucional y Universidad Católica)

Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

Constitucionalista es quien apoya el constitucionalismo. Constitucionalista también más específicamente significa quien se ocupa del constitucionalismo en plan profesional, sea por profesión ya académica, ya jurisdiccional, ya forense, por profesar el derecho constitucional de una u otra forma compatible o exclusivamente. En Bolivia este constitucionalismo arraigó tras la reforma constitucional de 1994, la reforma que trajo novedades como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, los Consejos Departamentales, mejora del sistema electoral rebajando además la edad de participación (de 21 a 18), mayor independencia del Ministerio Público, reforzamiento de los Municipios, reconocimiento de la pluriculturalidad y aceptación de la jurisdicción indígena, novedad ésta última sólo por lo de la admisión constitucional, bien que subordinada, pues la jurisdicción indígena estaba ahí de tiempo inmemorial. Cuando a principios de 2009 advino la Constitución del Estado Plurinacional, plurinacional por el reconocimiento ahora de los pueblos indígenas como sujetos de libre determinación a ejercerse en términos de autonomía y territorialidad, dicho constitucionalismo de la reforma del 94 reaccionó enérgicamente en contra. Hoy se acomoda. El constitucionalismo plurinacional parece estar asentándose, pero puede tratarse de un asentamiento en falso. Sólo una estrecha minoría del constitucionalismo en el sentido profesional está comenzando a tomarse el Estado Plurinacional en serio.

La reforma del 94, por la entidad de las novedades introducidas, vino a sintonizar con el constitucionalismo latinoamericano más avanzado en el momento, por lo que puede explicarse su rápido arraigo. También concordaba con el derecho internacional y con el derecho interamericano de los derechos humanos de aquella época, el derecho anterior a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se adoptaría en 2007, y de la asunción del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes por parte del sistema interamericano de derechos humanos, que también es cosa de la primera década de nuestro siglo, el XXI. Recordemos que el Convenio había sido ratificado por Bolivia en 1991 y que la Declaración se incorporaría al ordenamiento jurídico boliviano en 2007. La nueva Constitución vino a extraer las consecuencias de estas adopciones de derecho internacional refundando Bolivia como Estado Plurinacional cuya característica definitoria primordialmente se debe a la concurrencia constituyente de pueblos indígenas hasta ahora subordinados.

El constitucionalismo boliviano, este constitucionalismo arraigado bajo la reforma del 94, no estaba preparado para tamaña novedad que ya no sintonizaba, pues se colocaba por delante, del constitucionalismo latinoamericano y del derecho interamericano e internacional. Ni estaba preparado ni mostró disposición a preparase. La reacción inmediata se mostró incluso en términos radicales de rechazo como esperando o incluso intentando contribuir al inmediato fracaso del nuevo constitucionalismo, que aguantó el embate aun cediendo un tanto, por lo que interesa a los derechos de los pueblos indígenas, en su legislación de desarrollo. Cambiando el escenario de la radicalidad al acomodamiento, el constitucionalismo profesional ha recogido velas y venido a contentarse con la nueva Constitución o, al menos, a aparentar conformidad. Resulta bastante lo que parece indicar que el rechazo de fondo no se ha rectificado por lo general. El constitucionalismo profesional ahora más bien se comporta como si hubiera ejercido una suerte de cooptación de la nueva Constitución y se hubiese convertido en su dueño por vía de interpretación que, en cuanto importa a los pueblos indígenas, la retrotrae a términos de la reforma del 94.

Pongo un ejemplo institucional para evitar la personalización. Sea el de la flamante Fundación Tribuna Constitucional con sede en Sucre, la capital constitucional, una organización privada que guarda un tracto de vinculación con el Tribunal Constitucional de la reforma del 94, el del constitucionalismo no plurinacional, así como con la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Chuquisaca, esto es de la misma capital. Son instituciones que se consideran custodias de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la reforma del 94, la jurisprudencia de un constitucionalismo que no responde a los estándares sentados por la nueva Constitución principalmente por lo que se refiere a la posición de los pueblos indígenas. Pues bien, en el sitio web de Tribuna Constitucional, mismo que utiliza el dominio equívoco “tc”, se marcan unos fines. Préstesele atención a este par: “formular propuestas legislativas nacionales, departamentales o municipales, para desarrollar las normas de la Constitución, defender el Estado de Derecho o defender los derechos humanos”; “asistir a los pueblos indígenas originario campesinos para el conocimiento adecuado del derecho constitucional, y de los límites de sus potestades jurisdiccionales”. Corríjase un plural que el sitio de Tribuna Constitucional introduce en la referencia a la expresión constitucional de pueblos indígena originario campesinos.

Adviértase la extraña dicotomía en términos de desigualdad. A las instituciones estatales, departamentales y municipales se les formulan propuestas con la determinada finalidad de desarrollar la Constitución y defender los derechos humanos. A los pueblos indígena originario campesinos se les presta asistencia enseñándoles derecho constitucional para que aprendan los límites de su capacidad jurisdiccional. Para la Constitución, la justicia estatal y la justicia indígena están en pie de igualdad, sin subordinación entre sí, pero ésta no es la perspectiva de Tribuna Constitucional. Al Estado se le propone, guardándosele un respeto; sobre las jurisdicciones indígenas se dispone, para que no se crean lo de la igualdad jurisdiccional. El derecho constitucional resulta una disciplina que así se superpone a la propia Constitución en lo que alcanza a los pueblos indígenas. Tal derecho, el constitucional, por lo visto predica que los mismos sólo pueden contar con jurisdicción, cuando lo que contempla la Constitución es el acceso a un régimen de autonomía territorial de los pueblos indígenas con capacidades consiguientemente normativas, gubernamentales y jurisdiccionales, una autonomía además no sometida de entrada a limites pues se reconoce como forma de ejercicio del derecho a la libre determinación que les corresponde por derecho internacional antes que por derecho constitucional. A ello se añade que en sus continuas referencias a derechos humanos, Tribuna Constitucional nunca entiende que, pese al derecho internacional y al propio de la Constitución, se comprendan los derechos de los pueblos indígenas. En fin, al contrario de lo que se presume por Tribuna Constitucional, el título a la autonomía de los pueblos indígenas es superior y no inferior a la correspondiente a Departamentos y a Municipios, a no se lógicamente que éstos segundos sean indígenas. En suma, Tribuna Constitucional subvierte el orden constitucional.

Es una subversión bastante generalizada en el constitucionalismo actual boliviano, aparte de que en algo también esté pensando, como ya se ha recordado, sobre el propio desarrollo normativo de la Constitución. Se llega al extremo de un constitucionalista, a quien no identificaré por seguir sin personalizar, que recientemente exponía el régimen del Tribunal Constitucional de la reforma del 94 para añadir esto a pie de página: “Cabe hacer notar que, actualmente, normas similares se encuentran previstas tanto en la Nueva Constitución Política del Estado, como en la Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional”, tal y como si el constitucionalismo plurinacional no supusiera sustancialmente nada para la jurisdicción constitucional. Me recuerda a un presunto maestro español del derecho del trabajo que, llegada la Constitución de 1978, mantenía sus referencias a leyes franquistas añadiendo en nota: “concordantes”, los artículos constitucionales correspondientes fuera así por completo de contexto constitucional. Lo usual y lo peor es cuando se hace lo propio sin tanta franqueza. Algunos entre los que así procedían accedieron a la magistratura constitucional en España sin capacidad, afortunadamente, para un desempeño decisivo. Dicho mismo laboralista lo intentó. Y en España fue gracias al Tribunal Constitucional, a sus mayorías que han creado jurisprudencia, que dicha tendencia acabó atajándose.

En Bolivia, la Constitución del Estado Plurinacional se está tomando a beneficio de inventario. Está considerándose que el patrimonio constitucional es el del 94 y que lo de 2009 se reduce una herencia malvenida. El constitucionalismo precedente así se recupera con el fin de apoderarse del constitucionalismo plurinacional privándosele de su condición definitoria. ¿Puede decirse esto de la totalidad del constitucionalismo profesional boliviano, sea ya jurisdiccional, ya forense, ya académico? No en absoluto, por fortuna. La propia composición de Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede también en Sucre, suscita ahora esperanzas de que no se pliegue a presiones para la recuperación del paradigma nada plurinacional representado en Bolivia por la reforma del 94. Aunque la propia ley, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, no adopte medios para garantizar que responda a su caracterización definitoria, y aunque el intento de la Ley de Deslinde Jurisdiccional precisamente por asegurarlo fue truncado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las elecciones juridiciales han constituido un tribunal que realmente responde a la condición de plurinacional, de donde la esperanza que ahora despierta en el sentido de que no ceda a las presiones procedentes no sólo de organizaciones como Tribuna Constitucional, pues también notoriamente provienen, entre otros variados medios, de los gubernamentales.

En el campo académico también hay, por fortuna, excepciones. La principal me la encarece Ramiro Molina Rivero, el actual director del Museo Nacional de Etnografía y Folklore. Para la preparación del VIII Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica que habrá de celebrarse en Sucre dentro de este año, Ramiro Molina me comunica la buena noticia de que está contando con el grupo de derecho constitucional de la Unidad Académica Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por ser el que más en serio se está tomando el constitucionalismo plurinacional. Hablamos estrictamente de constitucionalistas profesionales, no de otros u otras juristas o publicistas.

Efectivamente, ahí están para demostrarlo sendas publicaciones monográficas sobre el deslinde jurisdiccional y sobre las autonomías, una del grupo de la Católica y otra con su participación, que se esfuerzan por ser debidamente informativas y que, aun no guardándose siempre consecuencia, no contribuyen a la operación de ningunear la novedad del constitucionalismo plurinacional. También con alguna participación de la Católica, hubo otra publicación de encuadre crítico de la Constitución, entre la cual y las otras se aprecia una evolución a su favor. Concluiré registrando enlaces a este trío de publicaciones.

Para un necesario replanteamiento de la legislación de desarrollo de la Constitución en materia tanto de deslinde jurisdiccional como de autonomías o, en su defecto, para una necesaria jurisprudencia constitucional que ajuste el uno a la otra, el desarrollo normativo de la Constitución a la Constitución misma, son publicaciones a tomar en cuenta entre los materiales de trabajo, aunque los hay más relevantes por supuesto, como lo sean las propuestas indígenas en la consulta desatendida de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Se trata de publicaciones heterogéneas, con mayor unidad y coherencia la que versa sobre el deslinde jurisdiccional, en la que tan sólo echo de menos el capítulo de la consulta indígena. Contiene apuntes acertadísimos, como por ejemplo: “Se omite (en la Ley de Deslinde Jurisdiccional) precisar si las autoridades indígena originaria campesinas pueden asumir competencia para conocer acciones de defensa y proveer protección judicial” en términos de derecho constitucional, entendiéndose justamente que debieran.

He ahí un extremo neurálgico, el de la competencia constitucional de la jurisdicción indígena, para la necesaria reforma de la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la propia Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Pluralismo jurídico, Estado Plurinacional, deslinde jurisdiccional

Autonomías y descentralización

Reflexión crítica

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