Naciones Unidas Declara Derecho Humano el Derecho al Agua
“Los derechos humanos no nacieron como conceptos totalmente desarrollados, son fruto de una construcción dada por la realidad y la experiencia”. Se dice, y se dice bien, en el discurso de presentación de la resolución para la declaración del derecho al agua y al saneamiento como derecho humano básico que responde a iniciativa de Bolivia y se aprobó ayer 28 de julio. No sólo así ocurre que los derechos humanos deben ir complementándose, sino también que nacieron faltos de algunas bases importantes y que son éstas las que deben formularse y fortalecerse. Aunque parezca mentira, sólo ahora se declara el derecho al agua potable como derecho humano que todo Estado debe garantizar. Aunque resulte increíble, sólo hace cerca de tres años que los derechos de los pueblos indígenas se reconocieron como derechos humanos que todo Estado debe respetar.
Bolivia: Regla de Caso Inconsulto
Pese a la flamante Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a la incorporación al ordenamiento boliviano de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pese a la política resueltamente descolonizadora a la que responden esa plurinacionalidad y este iusinternacionalismo, las comunidades indígenas siguen viéndose invadidas en Bolivia por industrias extractivas como si no hubiera solución de continuidad con el colonialismo republicano. Empresas incluso públicas como YPFB se permiten desconocer la presencia indígena. Sirven de punta de lanza para las privadas como REPSOL. Véase la carta dolida desde Itika Guasu al Presidente de Bolivia. No es la primera vez que intentan la comunicación con el Gobierno, pero vienen recibiendo la callada por respuesta. En la Bolivia de hoy, con Constitución, Declaración y descolonización, este caso puede que represente la regla más que la excepción.
GENOCIDIO EN COLOMBIA: Alerta de la Corte Constitucional
Ante la notoria negligencia prácticamente, a efectos tangibles, del resto del Estado, la Corte Constitucional de Colombia ha emprendido una empeñada labor de defensa de los pueblos indígenas ante la masiva vulneración de derechos humanos que está poniendo a decenas de ellos en riesgo de extinción cultural e incluso física. Son las propias organizaciones indígenas quienes están impulsando en dicha dirección a la Corte. La misma se muestra sensible y dispuesta, bien que dentro de unas coordenadas que no le permiten apreciar y garantizar los derechos de los pueblos para una situación que no sea la de riesgo extremo. Y la Corte no extrae todas las consecuencias de sus propias evidencias. En especial elude el derecho penal internacional hoy sustancialmente contenido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que Colombia tiene ratificado.
Colombia: Alerta en el Chocó
“La Asociación de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó ASO OREWA [Pueblos Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule], quiere extender a ustedes [miembros de la misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas] un cordial saludo con nuestros agradecimientos por su visita a Colombia [entre el 5 y el 10 de julio] para conocer la situación en que nos encontramos las comunidades indígenas en materia de Derechos Humanos. Para lo anterior, nos permitimos allegar a ustedes (…) 9 anexos con el informe detallado en cifras que da cuenta de la situación humanitaria por la que atravesamos en el Chocó, especialmente la niñez y mujeres que es de la población más vulnerable”.
Colombia: Asalto a la Costa del Pacífico
“Nos hemos convertido en un estorbo para todos en nuestras propias tierras, todo apunta a que nos vayamos vivos o muertos”. Esta manifestación de un indígena del pueblo eperara siapidaara, del tronco emberá, encabezaba el reciente informe de IWGIA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, acerca del desplazamiento forzoso de comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca del río Naya, entre los Departamento del Valle y del Cauca, y del consiguiente alzamiento con el botín de sus territorios. Es una política en la que confluyen agentes ilegales y legales. Con la aparente complacencia de ciertos medios oficiales y de algunas de las instituciones constitucionales de Colombia, como parte del propio Gobierno, hoy persiste a todo lo largo de la costa del Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño pasando por esos otros Departamentos.
Colombia: Despojo de Tierras Indígenas en los Departamentos de Vichada y Meta
“El estado está negando la ocupación histórica de las comunidades, negándose a legalizar resguardos, ha manipulando el censo oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es extraordinariamente inferior a la realidad, y está favoreciendo la titulación a colonos de territorio ancestral indígena. Ante dicha política de impunidad, los colonos con la complicidad de las autoridades están quemando y desplazando comunidades, realizando fraudulentos lanzamientos de ocupación de hecho que no cumplen los trámites legales. Recogemos aquí algunos de los casos más significativos”. Lo hacen, sobre los Departamentos de Vichada y Meta, informes entregados a la misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitara Colombia entre el 5 y el 10 de julio.
Colombia: Situación del Pueblo Yanacona
“En muchas ocasiones la fuerza pública acampan alrededor de nuestras viviendas colocando en grave riesgo a los comuneros, son ellos quienes violan el derecho a la libre circulación impidiéndoles transitar a determinadas horas y en determinados lugares tal y como lo hacia en su momento la insurgencia; pero al igual que en otras zonas del país, son ellos los que violan el derecho a la intimidad de las personas ya que se entran a las casas sin pedir permiso abusando de la confianza y la humildad que caracteriza a nuestra comunidades. Estas y otras políticas son la que hoy nos tienen contra la espada y la pared…”. Así lo comunica el Informe del Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona actualizado a julio de 2010 para entrega a la misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitara Colombia entre el 5 y el 10 de julio. Adviértase la relación de asesinatos sufridos durante los últimos años.
Newken, Puel Mapu: Prosecución del Genocidio
Como reconoce Eugenio Zaffaroni, actualmente Juez de la Corte Suprema de la República Argentina, la integridad territorial de este Estado se funda en un cercano genocidio. En sus palabras, desde la segunda mitad del siglo XIX, tras la conquista de la Patagonia, “unos ‘salvajes’ en el sur molestaban en un país que había que poblar, donde faltaba mano de obra. Todo esto va generando un disciplinamiento, una política represiva con leyes y acciones concretas que apuestan al exterminio de un pueblo. No se puede dudar de que los pueblos originarios sufrieron un genocidio”. Y aún lo sufren. Véase el Informe de Situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia de Neuquén 2009-2010 del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Argentina. Escribe el mismo Zaffaroni: “Lo que podemos modificar en el plano interno es la propagación de ese genocidio, se puede y se debe compensar hoy a quienes están sufriendo las consecuencias del genocidio pasado. Ese es un reclamo legítimo y es necesaria una reparación”. Se debe así interrumpir el genocidio.
APÓLOGO COLONIAL
Érase una vez, tanto tiempo ha como allá por los años treinta del siglo XX, un Estado por las Américas de nombre Colonia que puede parecer hoy curioso, pero que entonces no lo resultaba. Constituía un homenaje a un aventurero genovés apellidado Colón, aquel que encabezara la invasión europea que se adueñó del continente. Colonialismo no es palabra que proceda de Colón, pero podría hacerlo perfectamente para el caso de las Américas. Los legatarios de ese verdadero pirata fueron quienes establecieron el Estado de Colonia imponiéndose sobre la humanidad indígena y sobre la afroamericana descendiente de un tráfico intercontinental de esclavitud masiva. Con todo, Colonia era un nombre bien significativo. Colonial era un patronímico que no avergonzaba, sino que henchía de orgullo a la ciudadanía eurodescendiente de aquel Estado de Colonia.
Colombia: Acoso Militar y Judicial al Resguardo Emberá-Katío del Alto Sinú
A mediados del 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del Resguardo Emberá-Katío del Alto Sinú instando al Estado a a “adoptar de manera urgente las medidas necesarias” para su protección y a “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad”, todo ello “de común acuerdo” con los interesados. Ante la inoperancia a efectos prácticos del Gobierno más allá de una presencia militar que acosa y no defiende al Resguardo, este mismo desarrolla su propia política de defensa. La Fiscalía General de la Nación, que no mantiene su independencia constitucional cuando se trata de indígenas, se muestra deferente con el Gobierno persiguiendo penalmente a autoridades Emberá-Katío. La Comunidad intenta defenderse enarbolando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Con la inoperancia internacional a efectos prácticos, la situación se agrava. Y la política de derechos requerida por dicha Corte mal se lleva a efecto por un Gobierno que disimula su renuencia debida a los intereses de apropiación de territorios indígenas.
Colombia: Impacto y Reacción de Género por el Asalto Cruzado contra Pueblos Indígenas
“Pese a las múltiples recomendaciones emitidas por las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos de las mujeres indígenas, en Colombia se mantiene como constante por parte de los actores legales e ilegales la violación y vulneración de los mismos frente a la desidia del Estado; situación que ubica a la mujer como uno de los sujetos más afectados por el conflicto”. Afectadas gravemente y comprometidas seriamente, desde Wounmainkat, la península de la Guajira, las lideresas Wayuu exponen la situación de su pueblo.
Colombia: Aire de Vida frente a Vendaval de Muerte
“Este conflicto armado es tomado como pretexto para las fuerzas que se enfrentan –fuerzas regulares, guerrillas, paramilitares- para perseguir y asesinar a los pueblos que se oponen a la invasión de sus territorios por las multinacionales. (…) Mientras tanto, el gobierno colombiano hace oídos sordos a todas las denuncias, incumple las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas y no pone en marcha los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas en peligro de extinción, ordenados por las Resoluciones del Tribunal Constitucional”. Son expresiones del comunicado de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas contra los últimos asesinatos terroristas en Cerro Tijeras. Palabra Dulce, Aire de Vida es una campaña de la Organización Nacional Indígena de Colombia contra la palabra tosca y el vendaval de muerte: por la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción.
Panamá: Golpe de Ley
Panamá está en pie de huelga. Una ley propuesta y aprobada con nocturnidad y alevosía, la llamada Ley 9 en 1 por modificar tres códigos y seis leyes afectando profundamente a ramas tan sensibles del ordenamiento como la laboral y la ambiental, ha provocado un verdadero levantamiento. La misma falta de respeto que esta ley ha mostrado por los procedemientos constitucionales, la mismísima que las fuerzas dichas del orden están mostrando con las garantías constitucionales. Entre otros excesos, el Gobierno queda facultado por la ley omnibus para declarar de interés social proyectos de desarrollo con el efecto de eximirlos del informe de impacto ambiental que constituye una garantía fundamental para los derechos de los pueblos indígenas. Publico comunicados del Congreso General Ngäbe-Buglé y del Movimiento de la Juventud Kuna. El pueblo Ngäbe Buglé ha sufrido recientemente un duro golpe del Gobierno panameño.
Visita al Pueblo Awá en Nariño, Colombia
Como tantos pueblos indígenas de las Américas, el Pueblo Awá sufre la herida de venas abiertas por fronteras ajenas, las estatales de Colombia con Ecuador y, dentro de Colombia, las departamentales entre Nariño y el Putumayo. Hoy se organiza el Pueblo Awá en cuatro entidades, la Federación de Centros Awa del Ecuador (FCAE) y, en Colombia, la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP). Son organizaciones que hoy se plantean el reto de una unificación transfronteriza comenzando por la formulación del Katsakual Inkal Awa, el Plan de Vida del Gran Pueblo Awá. UNIPA y CAMAWARI han invitado a su territorio a una misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La visita se ha efectuado el jueves 8 de julio.
Colombia: La Conciencia Indígena como Signo de Genocidio
“Durante el octavo período de sesiones realizado en Nueva York entre el 18 y el 29 de mayo de 2009, la ONIC [Organización Nacional Indígena de Colombia] recomendó al Foro Permanente para las cuestiones indígenas la realización de una misión urgente al Estado colombiano, que dé cuenta de la grave situación humanitaria en que se encuentran los pueblos de este país y formule recomendaciones para superar esta situación, por su parte el gobierno colombiano durante la novena sesión invitó a este órgano asesor para que visite Colombia”, invitación que se aceptó a la vista de la recomendación de la ONIC. La misma ONIC ha preparado para la ocasión un informe sobre Los pueblos indígenas de Colombia y su pervivencia en medio del conflicto armado interno. La ONIC analiza la vulneración masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia exponiendo en particular la situación de los pueblos en riesgo de exterminio cultural y físico, situación que, dada la intencionalidad de unos procesos, pudiera a su entender constituir delito de genocidio. Esta percepción de las víctimas es signo importante de la posible existencia de tal crimen internacional según el actual Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio. Sólo la actuación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en línea con lo indicado por el Relator James Anaya podría comenzar a identificar con garantías a los responsables.
Perú: Relator Especial versus Observaciones contra la Ley de Consulta
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas James Anaya desautoriza la desleal utilización de su nombre y su trabajo que han hecho las Observaciones del Gobierno peruano contra la Ley de Consulta. Anaya además considera que, en casos de tanto impacto sobre las comunidades indígenas como el de las intervenciones empresariales en la Amazonía peruana, se requiere no sólo la consulta, sino también el consentimiento previo, libre e informado. Así, dicho con un lenguaje inapropiado, resulta que hay casos en los que la parte indígena tiene derecho de veto. Pregunta consiguiente: ¿qué debe entonces ocurrir con las concesiones ya realizadas sin el requisito del consentimiento? A este respeto, pues las subsana, la Ley de Consulta no parece estar a la altura del estándar internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.
Foro Permanente, 2010
Ayudo a difundir el Informe del noveno periodo anual de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas de Nueva York entre los días 19 a 30 de abril de 2010. Llamo la atención sobre una novedad de este año, la del diálogo cuatripartito (Organizaciones Indígenas, Gobiernos, Equipos Países de Naciones Unidas y Foro Permanente) en base a sendas misiones oficiales de éste último en Paraguay y en Bolivia. Esta semana estamos efectuando una nueva visita, en esta ocasión a Colombia, que previsiblemente dará lugar, informes mediantes, al correspondiente diálogo cuatripartito el año próximo. A veces las nuevas prácticas son buenas prácticas. Ésta del Foro se ha hecho posible por el nuevo y comprensivo mandato que el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dirige a todas las instancias de Naciones Unidas, inclusive a los Estabos Miembros: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia“.
Belice: Jurisprudencia Postcolonial y Título Indígena
“Ya es tiempo de que desaparezca definitivamente la falsedad de que la adquisición de soberanía alcanza a la propiedad. El cambio de soberanía por sí mismo no afecta a los derechos indígenas sobre la tierra”. Esto lo recalca la Corte Suprema de Belice en una importante sentencia del veintiocho de junio confirmatoria de la propiedad territorial de comunidades mayas ke’kchí y mopán en virtud de su propio título consuetudinario anterior al colonialismo tanto español como británico. Podría pensarse que el derecho territorial de estas comunidades queda así bien fundado, pero en la misma sentencia todavía operan principios coloniales que enervan la posición indígena y que no sólo interesan al caso de Belice.
Perú: El Tribunal Constitucional contra Sí Mismo
Hace un par de días, el último de junio, la Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional del Perú publica una Nota de Prensa proclamando que el mismo “garantiza la seguridad jurídica en el ámbito de la explotación y exploración de hidrocarburos”. La Nota expone que “el Tribunal Constitucional pretende tutelar al mismo tiempo que los derechos de los pueblos indígenas los derechos establecidos en la Constitución económica de las referidas empresas. Y es que tales actividades se vienen desarrollando en el marco de contratos de estabilidad celebrados con el Estado, los cuales no pueden ser afectados en virtud a la seguridad jurídica”, todo ello en “un ejercicio de compleja ponderación en el que no resultaba factible la eliminación de derechos de las empresas que vienen desarrollando actividad de exploración y explotación de hidrocarburos” en condiciones y comportamuentos “de buena fe”. Lo grave en el caso es que la sentencia a la que esta Nota se refiere no justifica tales manifestaciones con tal alcance general. La Nota del propio Tribunal Constitucional presenta como posición suya las pretensiones de las empresas demandadas y del Ministerio de Energía y Minas que las respalda.
Panamá y España: Recortes de Autonomías
El mes de junio no ha sido bueno para la autonomía de algunos pueblos por América y por Europa. El día dos el Presidente de la República de Panamá dictó un decreto modificando profundamente sin consulta la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé. El día veintiocho el Tribunal Constitucional de España ha dictado una sentencia que altera el Estatuto de Cataluña en extremos neurálgicos. Comparativamente, la medida panameña es de bastante mayor alcance, afectando más gravemente a la autonomía ngäbe-buglé, que la española respecto a Cataluña; sin embargo, para las agencias y los medios, lo segundo es noticia y lo primero no. Cosas todavía del racismo que sigue cerniéndose sobre los pueblos de Abya Yala.
